sábado, 25 de enero de 2014

Concentración contra la represión.

La aplicación de la figura "infracción administrativa grave" amenaza a numerosos cargos públicos y representantes de Izquierda Unida, con multas que van desde los 300 hasta los 600 mil euros. Incluso en otros casos, el envío de informes sobrecargados de acusaciones infundadas por parte de los agentes de la autoridad, están provocando peticiones escandalosas de fianzas, multas y el máximo de años de cárcel que establece el código penal por simplemente participar en acciones de índole informativa sin ningún tipo de daños materiales ni personales. Por todo ello, se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno que recoja el creciente malestar que se está provocando con este tipo de medidas e inste al Gobierno del Estado a retirar todas las actuaciones legislativas y penales que reprimen derechos constitucionales como el libre ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación.



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