martes, 14 de febrero de 2017

IU AGRADECE EL RESPALDO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN A SU MOCIÓN PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA.

La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos (más de un 10% de su salario) a pagar la factura energética de su vivienda. La pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia energética.

El estado español es el país de la UE-27 con los precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre (FACUA 2.012). Según datos de Cruz Roja, en dos años el gas se ha incrementado un 22%; la luz el 34%; el agua el 8,5% y la bombona de butano el 23%. Según Eurostat, desde 2.001 a 2.012 la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Si se cuenta desde 2.006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida ronda el 100%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética. La subida de los precios de la energía en plena ola de frío es un ejemplo más de la barbaridad del sistema energético español. A este respecto, nuestro país aún carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética a fin de garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias. Desde Izquierda Unida, entendemos que el estado debería mejorar el actual bono social, teniendo en cuenta también las condiciones de la vivienda y no sólo la potencia contratada o la situación familiar/laboral, además de valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas butano, tal y como ya hacen otros países.

Entre las medidas propuestas por Izquierda Unida en su propuesta al plenario de Utrera se insta al Gobierno de España a exigir la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico. Asimismo, toma el firme compromiso de elaborar por parte de este municipio un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas.

A este respecto, Carlos Guirao, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ha querido agradecer a los diferentes grupos de la oposición el apoyo mostrado a la propuesta, aprobada de manera unánime en el Pleno Ordinario celebrado en el mes de Febrero. En palabras del propio Carlos: “en definitiva, estamos hablando de personas pobres. Uno no es pobre energético, es pobre, sin más calificativos. Esta es una consecuencia de la situación de desamparo en que se encuentran muchas familias, que no pueden pagar el suministro eléctrico de la misma forma que no pueden proveerse de los recursos más elementales”.

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